1. A través del Decreto 708/2019 (en adelante, el "Decreto"), publicado hoy en el boletín oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.506 (B.O. 10/06/2019) de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (en adelante, el "Régimen"). El Decreto faculta al Ministerio de Producción y Trabajo, designado como autoridad de aplicación, a dictar las normas aclaratorias y complementarias que sean necesarias para la aplicación del Régimen.
2. El Decreto establece las siguientes pautas sobre las cuales la autoridad de aplicación deberá fijar las condiciones para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 4 de la Ley 27.506:
a) Actividad principal. Se considera cumplido el requisito de "actividad principal" cuando al menos el 70% de la facturación anual se genere en una de las actividades promovidas[1] o con la sumatoria de dos o más de ellas.
Cuando la sumatoria o totalidad de actividades promovidas incluyan "servicios profesionales de exportación", sólo pueden computarse si el 70% de la facturación total -o el 45% si se tratare de una micro o pequeña empresa- corresponda a "servicios profesionales" realizados en el país a título oneroso y sin relación de dependencia, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, entendiéndose por tal a la utilización inmediata o al primer acto de disposición por parte del prestatario.
b) Acreditación de mejoras. Se delega en la autoridad de aplicación la determinación de los mecanismos admisibles para acreditar mejoras continuas y certificaciones aplicables, para lo cual debe contarse con el soporte de los organismos y reparticiones competentes.
c) Gastos en Investigación y Desarrollo (I+D) y Capacitación. Se considera cumplido el requisito de erogaciones cuando:
(i) los gastos de I+D efectivamente realizados representen como mínimo el 3% de la facturación total del período. La autoridad de aplicación determinará qué actividades se consideran de I+D, las cuales podrán ser ejecutadas por los beneficiarios o a través de organismos públicos, universidades o institutos de ciencia y tecnología públicos.
(ii) los gastos de capacitación de empleados afectados a la actividad promovida representen como mínimo el 8% de la masa salarial bruta, a cuyos fines no se considerarán incluidos el personal contratado a plazo fijo; de temporada y eventual (Capítulos II, III y IV del Título II de la Ley de Contrato de Trabajo), las modalidades de contratación temporaria del Régimen de Trabajo Agrario (ley 26.727), el personal encuadrado en el Régimen de la Industria de la Construcción (Ley 22.250), ni la changa solidaria (CCT n° 62/75) y el personal no permanente de hoteles (CCT n° 362/03). La autoridad de aplicación deberá definir qué tipo de capacitaciones serán válidas para su inclusión en el cómputo del gasto definido.
d) Exportaciones. Se considera cumplido cuando las ventas al exterior por exportaciones de bienes o servicios desarrollados en el marco de alguna de las actividades promovidas y facturadas mediante Factura tipo "E" (o comprobante que lo reemplace en el futuro), representen como mínimo el 13% de la facturación total del período en esas actividades.
3. El Decreto dispone las pautas generales para solicitar y mantener la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen. Entre dichas pautas, se dispone que el solicitante deberá encontrarse en el curso normal de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales, para lo cual deberá consultarse a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de los mecanismos disponibles.
Asimismo, en materia de la obligación de mantenimiento de la nómina de personal para el acceso a la alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias, estableció que se entenderá que existe reducción del nivel de empleo cua
n
do la diferencia entre la nómina del período considerado supere el diez por ciento (10%) del promedio de trabajadores de los últimos seis (6) meses declarados al momento de la solicitud de la inscripción en el Registro.
En tal sentido, no se considerará reducido el nivel de empleo cuando la extinción del contrato de trabajo sea por alguna de las causas descriptas en el art. 10 del decreto comentado y el empleador acredite la recomposición de la plantilla con nuevas contrataciones dentro de los 180 días corridos desde que se produzca la reducción.
Al efecto del cómputo, n
o se considerará
incluido
al personal contratado a plazo fijo, eventual, de temporada, ni bajo las modalidades de contratación temporaria del Régimen de Trabajo Agrario, ni al personal encuadrado en el Régimen de la Industria de la Construcción, ni la "changa solidaria" y ni al personal no permanente de hoteles.
En caso de incumplimiento, el beneficiario no podrá acceder a la reducción de la alícuota para el ejercicio fiscal en el que no se verifique la condición así establecida.
4. Recordamos que los sujetos alcanzados por el Régimen podrán acceder a los siguientes beneficios fiscales (en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos):
- Estabilidad fiscal: los beneficiarios del régimen gozarán de estabilidad fiscal en todos los tributos nacionales (impuestos, tasas y contribuciones, derechos de importación y exportación) respecto de las actividades objeto de promoción. Este beneficio podrá extenderse a la Ciudad de Buenos Aires, provincias y municipios en la medida en que adhieran al Régimen.
- Contribuciones patronales: se eleva al 100% el porcentaje aplicable sobre el valor de la detracción prevista en el art. 4° del Decreto 814/2001 por cada uno de sus empleados en relación de dependencia afectados a las actividades del art. 2 de la ley n° 27.506[2]. La norma deja a salvo la aplicación de la alícuota del régimen general cuando resulte más beneficioso para el empleador.
- Incentivo adicional: Se prevé la obtención por única vez de un bono de crédito fiscal equivalente a 1,6 veces el monto de contribuciones que hubiere correspondido pagar, transferible por única vez y computable contra impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado. Según lo establezca la reglamentación, cuando el empleado ostente el título de doctor, el bono de crédito fiscal se incrementará a 2 veces el monto de las contribuciones, por el término de 24 meses desde su contratación. Se faculta a la AFIP para dictar las normas complementarias para la registración y utilización del bono de crédito fiscal.
Los beneficios de reducción de contribuciones patronales e incentivo adicional resultan aplicables respecto de todos los empleados en relación de dependencia a partir del período fiscal de inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen.
- Reducción de tasa corporativa de impuesto a las ganancias: reducción de la alícuota del impuesto al 15% para los ejercicios fiscales que comiencen con posterioridad a la fecha de inscripción del sujeto en el registro de beneficiarios.
- Cómputo de impuestos pagados en el exterior: se permite el cómputo de los impuestos análogos pagados en el exterior a cuenta del impuesto a las ganancias de fuente argentina, generados con motivo de exportaciones de actividades promovidas.
- Impuesto al valor agregado: los beneficiarios no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones en concepto de impuesto al valor agregado. La AFIP deberá otorgar la constancia de no retención y percepción a partir de la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen.
5. El Ministerio de Producción y Trabajo deberá dictar las normas aclaratorias y complementarias que sean necesarias para la aplicación del Régimen y, en particular, la normativa complementaria relativa a la formalización del traspaso de beneficiarios de la Ley 25.922 al Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen.
[1]
De acuerdo con lo previsto en el art. 2 de la Ley 27.506, el Régimen tiene por objetivo la creación, diseño, desarrollo producción e implementación o adaptación de productos y servicios, a través de la promoción de los siguientes rubros y actividades: (a) software y servicios informáticos y digitales; (b) producción y postproducción audiovisual (incluidos los de formato digital); (c) biotecnología, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neuro tecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis; (d) servicios geológicos y de prospección (incluyendo los servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones); (e) servicios profesionales de exportación; (f) nanotecnología y nanociencia; (g) industria aeroespacial y satelital y tecnologías espaciales; (h) ingeniería para la industria nuclear; (i) fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la producción que incluyan ciclos de retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, caracterizados por el uso de tecnologías de la industria 4.0 (ej., inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual); y (j) actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental.
[2]
A la fecha, el monto de la detracción asciende a $17.509,20 (cfr. Resolución N° 3/2018 de la Secretaría de Seguridad Social).
