A nuestros clientes y amigos:
Les informamos que el pasado 11 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico relativos al Poder Judicial de la Federación.
Dentro de los puntos más relevantes de estas reformas, se encuentran los que se enlistan a continuación:
(i) Se crean los Tribunales Colegiados de Apelación, sustituyendo a los Tribunales Unitarios que hasta esta reforma, conocían de ciertos recursos de apelación.
(ii) El Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial para implementar formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional, administrativo y defensores públicos de asuntos del fuero federal.
Esta Escuela sería la encargada de realizar los concursos de oposición para acceder a los cargos, y para mejorar la profesionalización de los defensores de oficio, con la creación del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
(iii) Las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal serán inatacables, por lo que en la designación de Magistrados y/o Jueces de Distrito la decisión será definitiva y no procederá recurso alguno en contra de dicha determinación, salvo cuando se trate de las resoluciones de los concursos de oposición, los cuales serán impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
(iv) El Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés social y el orden público (como excepción a las reglas de turno y competencia).
(v) Se establecen nuevos criterios dentro de los cuales pueda haber controversia sobre la constitucionalidad de normas generales, actos u omisiones que se susciten entre: (a) Dos poderes de una misma entidad federativa; (b) un Estado y uno de sus Municipios; (c) una Entidad Federativa y un Municipio de otra demarcación territorial de la Ciudad de México; (d) dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, entre otros. Es decir, se reconoce la legitimación de los órganos autónomos para promover controversias constitucionales.
(vi) Las controversias constitucionales únicamente podrán hacerse valer por violaciones a la Constitución y derechos humanos reconocidos en Tratados Internacionales de los cuales México sea parte. En tal virtud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concentrará en analizar violaciones directas a la Constitución y en los Tratados Internacionales antes referidos.
(vii) Cuando en un Recurso de Revisión interpuesto en un juicio de Amparo Indirecto se resuelva sobre la constitucionalidad de una norma general, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado lo notificará a la autoridad emisora, si transcurridos 90 días no se soluciona el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que sea aprobado por 8 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad.
(viii) En contra de las sentencias que dicten los Jueces de Distrito o Tribunales Colegiados de Apelación, procederá el Recurso de Revisión que será conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
(ix) En los juicios de Amparo Directo, procede el Recurso de Revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan interpretación de un artículo de la Constitución u omitan resolver dichos aspectos cuando hayan sido planteados. Dicho Recurso será conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en contra del auto que deseche dicho recurso, ya no procede ningún otro medio de impugnación.
(x) Las demandas de Amparo Directo se presentarán ante la autoridad responsable, que decidirá sobre la suspensión del acto reclamado, precisándose que dicha demanda se podrá presentar ante los Jueces de Distrito, Tribunales Colegiados de Apelación o ante los Tribunales de las entidades federativas.
(xi) Se prevé el cumplimiento sustituto de las sentencias dictadas en juicios de Amparo, pudiendo ser solicitado por el quejoso, o de oficio por la autoridad que concedió el Amparo, cuando la ejecución de la resolución referida afecte a la sociedad en mayor proporción que a los beneficios que se crearían al quejoso o sea imposible restituir las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación cometida.
(xii) Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de una misma región sustenten criterios contradictorios en los juicios de Amparo en los que tengan conocimiento, o bien, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional correspondiente, a fin de que decida el criterio que debe prevalecer como precedente.
(xiii) Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios contradictorios al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos Regionales, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva decida el criterio que deberá prevalecer.
(xiv) Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos Regionales conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción.
El Decreto mencionado entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo anterior, quedamos a sus órdenes para cualquier duda al presente, y ponemos a su disposición nuestras perspectivas y asesoría en caso de que lo requieran.
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Ciudad de México, marzo de 2021
