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Novedades Legales
10 de junio de 2019
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Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento
1. El 10 de junio de 2019 se publicó en el B.O. la ley 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento (en adelante, el "Régimen"). El Régimen tiene por objetivo la creación, diseño, desarrollo producción e implementación o adaptación de productos y servicios, a través de la promoción de los siguientes rubros y actividades:
- software y servicios informáticos y digitales;
- producción y postproducción audiovisual (incluidos los de formato digital);
- biotecnología, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neuro tecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis;
- servicios geológicos y de prospección (incluyendo los servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones);
- servicios profesionales de exportación;
- nanotecnología y nanociencia;
- industria aeroespacial y satelital y tecnologías espaciales;
- ingeniería para la industria nuclear;
- fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la producción que incluyan ciclos de retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, caracterizados por el uso de tecnologías de la industria 4.0 (p. ej., inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual);
- actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental.
La norma delegó en el Poder Ejecutivo Nacional ("PEN") la facultad de ampliar los rubros y/o actividades en función de las tecnologías emergentes, a la vez que dispuso que el Ministerio de Producción y Trabajo (designado como autoridad de aplicación) dicte las normas aclaratorias tendientes a precisar el alcance de las actividades y rubros alcanzados por el Régimen.
2. De acuerdo con lo previsto en la norma y sujeto a la reglamentación del PEN, podrán acceder a los beneficios del Régimen las personas jurídicas mencionadas en el art. 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias[1] constituidas en el país o habilitadas para actuar dentro de su territorio, que cumplan anualmente con las siguientes condiciones:
a)
ejerzan por cuenta propia y como actividad principal, algunas de las actividades promocionadas. Se considera que se cumple con la exigencia de "actividad principal" cuando el porcentaje de facturación en las actividades promovidas represente al menos un 70% respecto de la facturación total[2];
b)
se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen, creado a tales efectos por la propia ley 27.506; y
c)
reúnan al menos dos de los siguientes requisitos:
i.
realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida;
ii.
realización de erogaciones en actividades de investigación y desarrollo en las actividades promovidas en un mínimo de 3% de la facturación total, o en la realización de capacitaciones de los empleados afectados a las actividades promovidas en un mínimo del 8% de la masa salarial total.
iii. r
ealización de exportaciones de bienes o servicios que surjan del desarrollo de algunas de las actividades promovidas de, al menos, un 13% de la facturación total correspondiente a dichas actividades.
iv.
en el caso particular de servicios profesionales, se requiere como mínimo la realización de exportaciones provenientes exclusivamente de dicha actividad por un porcentaje de 70% de la facturación total, porcentaje que se reduce al 45% en el caso de micro y pequeñas empresas para los primeros 5 ejercicios fiscales contados a partir de la entrada en vigencia del Régimen.
3. Los sujetos alcanzados por el Régimen pueden acceder a los siguientes beneficios fiscales (en la media en que cumplan con los requisitos exigidos):
- Estabilidad fiscal: los beneficiarios del régimen gozan de estabilidad fiscal en todos los tributos nacionales (impuestos, tasas y contribuciones, derechos de importación y exportación) respecto de las actividades objeto de promoción. Este beneficio puede extenderse a la Ciudad de Buenos Aires, provincias y municipios en la medida en que adhieran al Régimen.
- Contribuciones patronales: elevar al 100% el porcentaje aplicable sobre el valor de la detracción prevista en el art. 4° del decreto 814/2001 por cada uno de sus empleados en relación de dependencia[3], dejando de lado el esquema de reducción progresiva previsto en la ley 27.430. La norma deja a salvo la aplicación de la alícuota del régimen general cuando resulte más beneficioso para el empleador.
- Incentivo adicional: Se prevé la obtención por única vez de un bono de crédito fiscal equivalente a 1,6 veces el monto de contribuciones que hubiere correspondido pagar, transferible por única vez y computable contra impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado. Según lo establezca la reglamentación, cuando el empleado ostenta el título de doctor, el bono de crédito fiscal se incrementa a 2 veces el monto de las contribuciones, por el término de 24 meses desde su contratación.
- Impuesto a las ganancias: reducción de la alícuota del impuesto al 15% para los ejercicios fiscales que comiencen con posterioridad a la fecha de inscripción del sujeto en el registro de beneficiarios.
Adicionalmente, se permite el cómputo de los impuestos análogos pagados en el exterior a cuenta de impuesto de fuente argentina.
- Impuesto al valor agregado: los beneficiarios no son sujetos pasibles de retenciones ni percepciones en concepto de impuesto al valor agregado.
4. Por último, destacamos que los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software de la ley 25.922 deben solicitar su adhesión al Régimen y su incorporación al Registro nacional de Beneficiarios, en los términos y condiciones que disponga la reglamentación. Dichos sujetos tienen hasta el 30/06/2020 para ajustarse a los requisitos exigidos por el Régimen.
El plazo de vigencia del Régimen es desde el 1° de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2029.
[1]
La norma incluye a las sociedades comerciales comprendidas en la ley 19.550, las sociedades por acciones simplificadas de la ley 27.349, los establecimientos permanentes (i.e., sucursales) de entidades del exterior, fideicomisos, fondos comunes de inversión, asociaciones, fundaciones, entre otros.
[2]
Para el caso de sujetos que no cuenten con facturación alguna, podrán solicitar su inscripción al Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen en la medida que acompañen una declaración jurada donde detallen la actividad promovida que desarrollan y su modelo de negocios y acrediten que el 70% de su nómina de personal y masa salarial se encuentran afectados a la actividad promovida.
[3]
A la fecha, el monto de la detracción asciende a $17.509,20 (cfr. Resolución N° 3/2018 de la Secretaría de Seguridad Social).
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