PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN
Con fecha 1/04/2020 se publicó en el BO el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
n° 332/20
que instituye el
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
destinado a empleadores y trabajadores afectados por la Emergencia Sanitaria. El mismo contempla una serie de beneficios destinados a morigerar el impacto sobre los procesos productivos y el empleo de las medidas sanitarias dispuestas. La norma entró en vigencia el mismo día de su publicación.
Se trata de una norma de
contenido marcadamente programático
y que requerirá de necesaria precisión por la reglamentación que se establezca para su idónea aplicación.
1. Marco normativo.
La norma fue dictada en el marco de la
delegación legislativa
dispuesta por la
Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública
(n° 27.541) y, a su vez, como
ejercitación de facultades propias legislativas
de urgencia (DNU) sujetas a conformidad del Congreso Nacional.
2. Ámbito de aplicación.
La norma delimita su ámbito de aplicación respecto de los
resultados económicos de las empresas ocurridos entre el 20 de marzo y 30 de abril de 2020.
3. Beneficios instituidos.
La norma establece una serie de beneficios a favor de empresas y trabajadores.
3.1. Empleadores:
Podrán acceder a uno (1) o más de los siguientes beneficios:
a) Diferimiento o reducción de contribución patronal a la Seguridad Social
b) Asignación Compensatoria al salario
c) REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria
3.1.1. Contenidos:
(i) El beneficio indicado en
a)
es temporalmente acotado, pues permite una
postergación del vencimiento
de las contribuciones al SIPA
[1]
(devengadas en marzo y abril/2020) o una
reducción de hasta el 95 % de la contribución patronal al SIPA
devengada en abril/2020
. El empleo de la locución disyuntiva "o" parecería
excluir
en principio la posibilidad de acogerse a ambos supuestos conjuntamente (vgr. una reducción de la contribución y además el diferimiento de su pago). El beneficio de
reducción
no resultaría de aplicación inmediata debido a que se delega a la reglamentación la definición de los porcentuales concretos a aplicar
[2]
.
Es también acotado en cuanto a las empresas destinatarias de la
reducción
, pues se limita, en principio, a aquellas que hayan tenido
hasta 60 trabajadores al 29 de febrero de este año
. No obstante, se admite la posibilidad de que soliciten ese beneficio las empresas que cuenten con un número mayor de trabajadores
[3]
, a cuyo efecto deberán promover el
Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas
regulado por la LNE
[4]
. Esto último tampoco sería inmediato por delegarse su definición a la reglamentación.
En cuanto al
diferimiento de pago
, se encomienda a la AFIP disponer
vencimientos especiales
de las citadas contribuciones patronales al SIPA devengadas en marzo y abril de este año, así como
facilidades para el pago
de las mismas
[5]
.
(ii) El beneficio indicado en
b)
consiste en
una suma de dinero a abonar por el Estado
(la ANSeS) a trabajadores dependientes correspondientes al sector privado comprendidos en el régimen de negociaciones colectivas. Pese a la deficiente redacción normativa, parecería entenderse que se trataría de los trabajadores usualmente denominados "
de convenio".
El beneficio se limita a empresas de
hasta cien (100) trabajadores.
El monto de la asignación varía según la dimensión de la empresa:
1)
de hasta 25 trabajadores:
100 % del salario bruto (con un máximo de 1 salario mínimo vital y móvil);
2)
de 26 a 60 trabajadores:
100% del salario bruto (máximo 75% del SMVM);
3)
de 61 a 100 trabajadores:
100% del salario bruto (máximo 50% del SMVM).
En poco clara redacción, la norma establece que la asignación se considerará
a cuenta del pago de las remuneraciones del personal afectado -
técnicamente no se trataría de un anticipo salarial- y que el empleador deberá abonar el
saldo restante
hasta completar las mismas
[6]
.
Se exige que al momento de
solicitar el beneficio
el empleador
retenga
los
aportes
del trabajador
al SIPA, obra social e INSSJyP. No se aclara, empero, cuál sería la base sobre la cual aplicar las retenciones, aunque dada la naturaleza jurídica de la restante porción (la asignación)
[7]
, sería razonable entender que sería únicamente sobre lo que abona la empresa. Dicho saldo es considerado como remuneratorio a los efectos legales y convencionales.
Es cuestionable el momento escogido para la retención, pues más apropiado parecería que ella se produjera cuando el empleador procede al pago de la parte remuneratoria (el saldo), que es cuando se hacen las retenciones por aportes de la Seguridad Social.
La norma admitiría tácitamente la posibilidad de implementar suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, al disponer que, si la empresa dispusiera una suspensión, la asignación se reducirá en un 25%, pero podrá ser considerada como
parte de la prestación no remuneratoria contemplada en el art. 223 bis, LCT
.
(iii) En cuanto al beneficio indicado en
c),
el mismo consistirá en una
asignación no contributiva
-
únicamente respecto al SIPA- destinada a trabajadores
a través del
Programa de Recuperación Productiva
(REPRO) a cargo del MTESS para empresas de
más de 100 trabajadores.
La suma por trabajador será de entre $ 6.000 y $ 10.000.
Su implementación tampoco es inmediata ya que se delega a la autoridad instituir un
nuevo
Programa REPRO, más simplificado y diverso
[8]
.
3.1.2. Requisitos comunes:
Además de los previstos para cada caso, la norma establece requisitos de orden general para que los empleadores puedan acceder a los beneficios indicados en
a), b) y c).
A tal fin prescribe que deberán cumplirse
indistintamente
uno (1) o más de los siguientes
criterios:
- Actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan.
- Cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID 19, o bien en aislamiento obligatorio o en situación de dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19[9].
- Sustancial reducción de sus ventas después del 20 de marzo pasado.
Debe, además, acreditarse ante la AFIP
la
nómina del personal alcanzado
y su
afectación a las actividades alcanzadas
.
3.1.3. Exclusiones:
Se excluyen de los beneficios antes analizados:
- quienes realizan actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal fue exceptuado del aislamiento social, preventivo y obligatorio[10] y
- todas aquellas otras que, sin encontrarse expresamente estipuladas en las normas reguladoras del supuesto anterior[11], no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución representativa de su nivel de actividad. Se trata, esto último, de una formulación de notoria vaguedad que debería ser precisada por la reglamentación que se dicte.
3.1.4. Reglamentación:
En ese orden, se faculta a la
Jefatura de Gabinete de Ministros
a establecer los criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que permitan determinar los beneficios previstos en la norma.
3.2. Trabajadores:
3.2.1. Beneficio de Prestación económica por desempleo (especial):
El mismo está destinado a trabajadores que reúnan los requisitos previstos para tal fin en las leyes 24.013
[12] y 25.371
[13].
3.2.2. Elevación de las prestaciones:
Se dispone asimismo una elevación transitoria general de los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $ 6.000 y un máximo de $ 10.000. A tal fin se encomienda a la
Jefatura de Gabinete de Ministros
establecer la duración de dicho incremento transitorio.
4. Asignación de facultades a organismos estatales.
La norma contempla las siguientes facultades que encomienda a los distintos órganos:
- Al Ministerio de Trabajo (MTESS):
- Considerar la información y documentación remitida por las empresas, relevar datos adicionales para ampliar y/o verificar los aportados, solicitar la documentación que crea necesaria, realizar visitas de evaluación al establecimiento para ratificar y/o rectificar conclusiones.
- Constituir el nuevo Programa de Recuperación Productiva.
- Modificar la operatoria del Sistema Integral de prestaciones por desempleo,habilitación que parecería ir más allá del contenido concreto del Decreto en análisis.
- Al MTESS, la AFIP y ANSeS:
- Dictar las normas operativas necesarias para la efectiva aplicación del Decreto.
- A la Jefatura de Gabinete de Ministros:
- Fijar el plazo de duración del aumento transitorio de la prestación económica de desempleo.
- Establecer los criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que permitan determinar las asistencias previstas en el Decreto.
- Al propio PEN:
- Para extender la vigencia del Decreto.
[1]
Sistema Integrado Previsional Argentino.
[2] Lo cual será establecido por la Jefatura de Gabinete de Ministros.
[3] Parecería entenderse a esa misma fecha.
[4] Ley Nacional de Empleo n° 24.013. Parecería tratarse de una aplicación peculiar del procedimiento en cuestión, de tramitación negociada con el sindicato, para un objeto distinto al previsto en la citada ley, ya que aquí se iniciaría con la sola finalidad de obtener la reducción de una contribución de la empresa.
[5] Tampoco ese beneficio resultaría de implementación inmediata, pues queda sujeto a la previa definición de los empleadores por la normativa a dictarse.
[6] Tampoco se aclara qué debería entenderse por "las mismas" (las remuneraciones), ello es, si se trata de la última remuneración percibida el mes anterior, o un promedio, ni cuáles conceptos deberían ser considerados a tal fin.
[7] Se trataría de una asignación de Seguridad Social.
[8] Sin perjuicio del nuevo programa que se establezca, la norma dispone que mantendrá su vigencia la Res. 25/2018 de la ex Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo del M. de Producción y Trabajo en todo lo que resulte compatible.
[9] Lo cual parecería hacer referencia en parte a lo dispuesto en su momento por la Res. MTESS 207/20.
[10] Conforme lo dispuesto por el art. 6° del DNU 297/20, Decisión Administrativa JGM nº 429/20 y eventuales ampliaciones (vgr. DA 450/20).
[11] En las normas indicadas en la nota anterior.
[12] Arts. 111 y siguientes (Sistema integral de prestaciones por desempleo).
[13] Sistema de Prestaciones por Desempleo para trabajadores comprendidos en el Régimen de la Industria de la Construcción.
